Jorge Macri presentó a la Legislatura porteña un proyecto para endurecer las penas y sanciones contra los trapitos y cuidacoches, con el objetivo de terminar con un negocio ilegal que extorsiona a los conductores y genera inseguridad en las calles.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, dio un paso decisivo en la lucha contra los trapitos en Buenos Aires. Enviando un proyecto de ley a la Legislatura porteña, propone sancionar con penas severas a quienes ofrezcan o presten servicios de estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios en la vía pública sin autorización legal. Con este proyecto, la Ciudad de Buenos Aires busca ponerle fin a una práctica que se ha transformado en un problema creciente para los conductores y para la seguridad urbana.
“Vamos a terminar con la mafia de los trapitos. Se creen dueños de la calle: extorsionan, aprietan y roban. No va más, acá se les acabó el negocio”, afirmó Jorge Macri durante la presentación del proyecto. Con esta frase, el Jefe de Gobierno dejó claro que su administración tiene como prioridad erradicar las prácticas extorsivas que muchas veces van acompañadas de amenazas y actos de violencia, generando un clima de inseguridad en diversos puntos de la Ciudad.
El proyecto de ley enviado a la Legislatura propone cambios contundentes en el Código Contravencional de la Ciudad, con el objetivo de sancionar de manera más severa a los “trapitos” y cuidacoches. Según el texto de la iniciativa, quien sea sorprendido prestando estos servicios sin la debida autorización, ya sea de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios, enfrentará sanciones que incluyen desde 5 hasta 30 días de arresto, trabajos comunitarios de entre 10 y 45 días, o una multa que va de los 800 a los 4.000 unidades fijas.
- Sanciones específicas:
- Arresto de 5 a 30 días.
- Trabajos de utilidad pública entre 10 y 45 días.
- Multa de 800 a 4.000 unidades fijas.
Además de estas sanciones, el proyecto también propone una pena adicional: la prohibición de concurrencia o la interdicción de acercamiento al lugar donde haya cometido la contravención. Esta medida refuerza la idea de que no solo se busca castigar a los infractores, sino también impedirles que sigan operando en las calles de la Ciudad.
Por otro lado, el proyecto contempla un agravante importante para aquellos casos en que las contravenciones ocurran en los alrededores de grandes parques o en zonas cercanas a eventos masivos, tales como actividades deportivas o artísticas. En estos casos, la sanción será de 10 a 45 días de arresto, y el castigo se elevará hasta 60 días para los jefes, coordinadores, organizadores y/o promotores de estas actividades ilegales.
- Agravantes por ubicación y tipo de evento:
- Sanciones de 10 a 45 días de arresto en eventos cercanos.
- Hasta 60 días de arresto para jefes y organizadores.
Una de las medidas más drásticas de este proyecto es la responsabilidad que recae sobre las instituciones y clubes vinculados con el accionar de los trapitos. En caso de que se demuestre la participación directa o indirecta de personas asociadas a una institución, se prevé una multa de entre 5.000 y 20.000 unidades fijas y la clausura de sus instalaciones por un periodo de entre 15 y 60 días. Esto busca evitar que ciertos grupos se beneficien o fomenten la práctica ilegal, fortaleciendo el control y la sanción a todos los involucrados.
- Responsabilidad de instituciones:
- Multa de 5.000 a 20.000 unidades fijas para entidades vinculadas.
- Clausura de instalaciones de 15 a 60 días.
Estas modificaciones al Código Contravencional surgen como respuesta a un problema de larga data en la Ciudad de Buenos Aires, donde los trapitos han sido una constante fuente de incomodidad e inseguridad para los ciudadanos. Si bien las sanciones actuales ya contemplan penas por estas prácticas, el endurecimiento de las penas tiene como objetivo disuadir a quienes todavía operan ilegalmente en la vía pública.
El proyecto fue bien recibido por sectores que luchan por la seguridad en las calles, ya que consideran que la medida contribuirá a reducir la violencia asociada a este tipo de prácticas. Sin embargo, algunos expertos en temas de seguridad y derechos humanos han señalado que la implementación del proyecto debe estar acompañada de un refuerzo en la vigilancia y en la intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar que la ley se cumpla de manera efectiva.
Con este proyecto, Jorge Macri busca devolverle el control de las calles a los ciudadanos y terminar con un negocio ilegal que ha perdurado durante años. De ser aprobado, el endurecimiento de las sanciones marcará un hito en la lucha contra los trapitos en la Ciudad de Buenos Aires, transformándose en una clara advertencia para quienes sigan eligiendo la ilegalidad como fuente de ingresos.