Una mañana marcada por un nuevo operativo: la Policía de la Ciudad y equipos del Ministerio de Espacio Público intervinieron en el ex hotel Santa Ana, ocupado ilegalmente desde hacía tres años. El inmueble, ubicado en México al 700, volverá a manos de su dueño para fines comerciales.
El lunes por la mañana se llevó a cabo el desalojo número 400 en la Ciudad de Buenos Aires, un número que no pasa inadvertido. El escenario fue el ex hotel Santa Ana, en San Telmo, donde 14 habitaciones habían sido ocupadas de manera irregular desde hacía tres años. El operativo comenzó puntualmente a las ocho y contó con la participación de la Policía de la Ciudad, además de equipos del Ministerio de Espacio Público y de Desarrollo Humano y Hábitat. El propietario del inmueble, que reclamaba la restitución de su edificio, finalmente recuperó su propiedad con la intención de destinarla a un proyecto comercial.
“La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”, dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al referirse al operativo. En su mensaje insistió en que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un plan integral: “Así como terminamos con cortes, piquetes y acampes para garantizar la libre circulación y combatimos la ocupación del espacio público y la venta ilegal, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones”.
El trasfondo de la medida
Como periodista de Retiroweb, presencié cómo los equipos desplegaron un procedimiento ordenado y sin incidentes graves, en un barrio que convive con la tensión entre el patrimonio histórico, la vida cultural y las problemáticas sociales. La explicación oficial es contundente: la Ciudad busca recuperar espacios ocupados irregularmente, proteger el derecho de los propietarios y garantizar la convivencia.
Algunos puntos claves que destacan desde el Gobierno:
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El desalojo número 400 marca un hito en esta gestión.
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El inmueble ubicado en México 712 llevaba tres años ocupado ilegalmente.
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El propietario reclamaba su edificio para proyectos de uso comercial.
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Participaron Policía de la Ciudad, Espacio Público y Desarrollo Humano.
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Se inscribe dentro de una política que busca terminar con las ocupaciones ilegales y mejorar la calidad de vida barrial.
Un antecedente inmediato
El viernes anterior, otro operativo en San Telmo había desalojado un predio de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan. Allí funcionaba irregularmente un campo de deportes administrado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), liderado por Raúl Castells, cuyo permiso estaba vencido desde hacía 12 años.
Una política más amplia
No se trata solo de hoteles ni predios deportivos. En los últimos meses, la Ciudad ha impulsado 10 megaoperativos de liberación de veredas y plazas ocupadas por manteros en Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución. También se desmantelaron ferias ilegales en Retiro (calle Perette), Aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.
Además, la gestión de Jorge Macri puso la mira en los llamados “trapitos”, considerados un mecanismo extorsivo en el espacio público. Para eso, se intensificaron controles y se envió un proyecto de ley a la Legislatura porteña que busca agravar las penas para quienes ejerzan esta práctica.
La discusión abierta
Más allá de la firmeza con que el Gobierno porteño comunica su decisión, lo cierto es que la problemática abre un debate en la sociedad: ¿hasta qué punto las medidas garantizan derechos y hasta qué punto desplazan situaciones de vulnerabilidad social? En el caso del ex hotel Santa Ana, no hubo incidentes, pero quedó a la vista la tensión entre la recuperación de la propiedad privada y la necesidad de soluciones habitacionales en un barrio como San Telmo, donde la presión inmobiliaria es evidente.
Un cierre inevitable
Desde Retiroweb puedo afirmar que la postal del lunes resume una gestión que avanza con mano firme contra las ocupaciones ilegales. El desalojo número 400 no solo simboliza una cifra redonda, sino también un mensaje claro: la Ciudad está decidida a imponer el respeto por la propiedad privada y la ley. Quedará en los próximos meses observar si este tipo de acciones logran equilibrar el orden urbano con la inclusión social que muchos vecinos aún esperan.